La salud mental es un derecho humano universal básico para todos. Todas las
personas, sin importar quiénes sean ni dónde estén, tienen derecho a gozar del
grado más alto posible de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido
de los riesgos para la salud mental; el derecho a una atención disponible,
accesible, digna y de calidad; y el derecho a la libertad, la independencia y la
integración en su entorno social.
La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin
embargo, una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de
salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación
con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más
adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental.
A propósito del Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lanzan conjuntamente
una nueva publicación titulada Salud mental, derechos humanos y legislación:
orientaciones y prácticas (en inglés), con la que pretenden ayudar a los países a
reformar su legislación para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y
mejorar el acceso a una atención de salud mental de calidad.
Las violaciones de los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención
de salud mental, que se sustentan en la legislación y las políticas vigentes, siguen
siendo demasiado frecuentes. En todo el mundo, muchos servicios de salud
mental continúan recurriendo a la hospitalización y el tratamiento sin
consentimiento, condiciones de vida insalubres, la violencia física y el maltrato
psicológico.
Aunque, desde la adopción en 2006 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos países han
intentado reformar sus leyes, sus políticas y sus servicios, muy pocos han
adoptado o enmendado las leyes y políticas pertinentes en la medida necesaria
para poner fin a los abusos y promover los derechos humanos en la atención a la
salud mental.
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señala que
«la salud mental es un componente integral y esencial del derecho a la salud.
Estas nuevas orientaciones ayudarán a los países a introducir los cambios
necesarios para prestar una atención de salud mental de calidad que ayude a la
persona a curarse y que respete su dignidad, capacitando a las personas con
trastornos mentales y discapacidades psicosociales para que lleven una vida
plena y saludable en su entorno social».
Por su parte, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, destaca que “debemos tratar de transformar los servicios de
salud mental, no solo en cuanto a su alcance, sino también en cuanto a los valores
que los inspiran, para que satisfagan verdaderamente las necesidades de las
personas y las traten con dignidad. Esta publicación ofrece orientaciones sobre un
enfoque basado en los derechos que puede ayudar a introducir los cambios
necesarios en los sistemas de atención a la salud mental”.
Promover atención más eficaz
La mayor parte del gasto público en salud mental se destina a hospitales
psiquiátricos; concretamente, el 43% en los países de ingresos altos. Sin
embargo, se ha demostrado que los servicios de atención comunitaria a la salud
mental son más accesibles, rentables y eficaces que los que priman la atención en
establecimientos de salud.
En estas orientaciones se proponen medidas para impulsar dicha
desinstitucionalización e incorporar en la atención de salud mental un enfoque
comunitario basado en los derechos, que incluya una legislación que sustituya
progresivamente las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario
y servicios integradores, por ejemplo, mediante subsidios, ayudas a la vivienda y
redes de apoyo entre iguales.
Poner fin a prácticas coercitivas
Es fundamental poner fin a las prácticas coercitivas en la atención de salud
mental, como el internamiento sin consentimiento, el tratamiento forzoso, la
reclusión y la contención, para respetar el derecho de todas las personas a decidir
la atención que van a recibir y a tomar sus propias decisiones sobre su
tratamiento.
Asimismo, cada vez hay más pruebas de que las prácticas coercitivas repercuten
negativamente en la salud física y mental de la persona, pues a menudo
empeoran su estado de salud y la privan de sus sistemas de apoyo.
Las orientaciones proponen una legislación que ponga fin a la coacción en los
servicios de salud mental y consagre el consentimiento libre e informado como
base de todas las intervenciones en esta esfera. Además, en ellas se aconseja
cómo tratar los casos más complejos y difíciles mediante legislación y políticas, sin
tener que recurrir a prácticas coercitivas.
Enfoque basado en derechos
Aunque en estas nuevas orientaciones se reconoce que la salud mental no es
responsabilidad exclusiva del sector de la salud, se apela a todas las instancias
normativas y legislativas que intervienen en la elaboración, la modificación y la
aplicación de la legislación que afecta a la salud mental, como las leyes que
combaten la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Las orientaciones incluyen una lista de control para que los países evalúen si su
legislación sobre atención a la salud mental cumple las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos. Además, en ellas se subraya la
importancia de que, como parte esencial de este proceso, se consulte a personas
con experiencia práctica y a sus organizaciones, y de que se informe y se
conciencie a la población general sobre cuestiones relacionadas con los derechos.
Aunque las orientaciones proponen un conjunto de principios y disposiciones que
pueden incorporarse a la legislación nacional, cada país puede adaptarlas a su
situación (su contexto nacional, sus lenguas, sus sensibilidades culturales, sus
sistemas jurídicos, etc.), sin por ello comprometer el respeto de los derechos
humanos.
Fuente OMS
